Con motivo del cuarto aniversario de la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“El pueblo de Ucrania ha soportado otro año más de agresión en gran escala, el más devastador hasta ahora en cuanto a sus consecuencias humanitarias y el más letal en cuanto a víctimas civiles desde 2022. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y sus altos cargos imputados por la Corte Penal Internacional siguen siendo fugitivos de la justicia internacional”.
“A pesar de la agresión en curso, la determinación internacional de oponerse a los crímenes de derecho internacional de Rusia y de apoyar a sus víctimas ha estado sometida a una presión cada vez mayor en los últimos meses, sobre todo desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump. Los compromisos con la justicia y los derechos humanos se debilitan mientras los actores poderosos son cada vez más audaces a la hora de ignorar el derecho internacional y erosionar aún más el orden basado en normas”.
“Vemos esto en la retórica que minimiza la responsabilidad de Rusia de violaciones graves y en las propuestas que sugieren que la impunidad por la agresión y otros crímenes es un precio aceptable para poner fin a los combates. También lo vemos en los ataques temerarios e incontrolados contra la Corte Penal Internacional y en las recientes limitaciones de la asistencia a la población refugiada ucraniana, cuando algunos Estados sugieren que hay partes del país que ya son seguros para el retorno”.
“Hay que hacer frente a la injusticia, no normalizarla. Hay que cuestionar la impunidad, no incluirla en las propuestas de paz”.
“La población civil ucraniana sigue soportando ataques indiscriminados a diario. Se ha destruido sin descanso infraestructura crítica indispensable para la supervivencia, poniendo en peligro millones de vidas. Las fuerzas rusas siguen torturando a prisioneros de guerra y aterrorizando y deportando a civiles en los territorios que ocupan, sometiendo a docentes a trabajos forzados, y adoctrinando a niños y niñas y negándoles su identidad. Moscú exige todo el tiempo el control sobre más territorio ucraniano como parte de las ‘negociaciones de paz’”.
“El mundo no debe olvidar que desde que Rusia ocupó y se anexionó ilegalmente de Crimea hace 12 años, ha traído devastación y un enorme sufrimiento al pueblo de Ucrania, tanto en el territorio ocupado como en otros. Millones de personas han sido desplazadas, innumerables familias han quedado sin hogar y se han perdido demasiadas vidas. La agresión de Rusia —crimen previsto por el derecho internacional— ha puesto a prueba no sólo el coraje y la resiliencia de la población ucraniana, sino también la determinación de la comunidad internacional de defender los derechos humanos y garantizar la justicia”.
“Cualquier presión sobre Ucrania para que transija en materia de rendición de cuentas por crímenes relacionados con la guerra o para que acepte las demandas territoriales y de otra índole de Rusia es tan moralmente repugnante como ilegítima. No debe haber impunidad por crímenes previstos en el derecho internacional, que no prescriben”.
“Estamos en un momento crítico para la humanidad. La determinación de la comunidad internacional no debe flaquear. Es fundamental que el pueblo de Ucrania reciba verdad, justicia y reparación por el devastador impacto que esta guerra ha infligido en los últimos 12 años, y sigue infligiendo, al país, a sus habitantes, a sus tierras y a su futuro”.
